+ Encabezados por Carmen Gloria Aravena presentaron un proyecto de reforma constitucional para que se dispongan todas las herramientas necesarias para resguardar a la ciudadanía, devolverle la tranquilidad y permitir que las FF.AA. colaboren en cuidar la infraestructura crítica, vale decir, el metro, carreteras, tendido eléctrico, etc.
Los senadores Carmen Gloria Aravena, Kenneth Pugh , Rafael Prohens y Juan Castro, valoraron el anuncio del gobierno de que enviará entre hoy y mañana un proyecto que busca generar las condiciones para que las FF.AA. puedan resguardar infraestructura crítica de la ciudad, proyecto que va en la misma línea de lo presentado hoy por los senadores, de manera de resguardar la seguridad de los ciudadanos sin tener que restringir ciertos derechos o libertades de los chilenos y chilenas.
En el marco de los múltiples hechos de violencia registrados durante el último mes, la senadora Aravena señaló que "es urgente que se dispongan todas las herramientas necesarias para cuidar a nuestra gente y este proyecto permitirá aliviar a Carabineros y que las Fuerzas Armadas colaboren en cuidar la infraestructura crítica, vale decir, el metro, carreteras, tendido eléctrico, etc."
Junto a otros senadores de la bancada de Renovación Nacional, plantearon la relevancia de la medida y en ese contexto agradeció al “gobierno tomar esta iniciativa, esperando que coincida con el proyecto presentado hoy por los senadores”.
El proyecto de reforma constitucional presentado, entre otras cosas, faculta al Presidente de la República, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, para declarar un estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica. Tal declaración no podría extenderse por más de quince días, prorrogables por igual período, y deberá establecer específicamente qué infraestructura debe ser custodiada o resguardada.
Se entenderá por infraestructura crítica a las instalaciones, sistema o parte de éste, que es esencial para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, y cuya perturbación o destrucción, afectaría gravemente la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar social y económico de la población.
