El diputado electo por la Región de Atacama Juan Rubén Santana, se refirió a la confirmación del acuerdo logrado entre CORFO y la minera SQM, que junto con zanjar una disputa arbitral entre ambas partes, extendió la cuota de extracción para la cuestionada compañía, permitiendo su operación hasta 2030.Respecto a ello el parlamentario electo dijo que “es inaceptable que CORFO no hiciera un esfuerzo mayor, por terminar con cualquier vínculo con quien se ha convertido, en el último tiempo, en la empresa ícono de los casos de corrupción en Chile, y en su lugar eligiera premiarla con la continuidad de un vínculo que, a todas luces, es cuestionable”.
El parlamentario electo señaló que “una decisión como ésta se aparta totalmente del sentir de las y los chilenos, pues más allá de los aspectos técnicos que fundan este acuerdo, existe un imperativo ético para las instituciones públicas de nuestro país, respecto a cuál debe ser su vínculo con las empresas privadas que se encuentran públicamente cuestionadas”.
Consultado por las consecuencias futuras de este acuerdo, Santana indicó que “ya a inicios de 2017, el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, estimaba que la cuota de extracción con la que contaba SQM en el Salar de Atacama se agotaría en 2020, por lo que resulta ilógico el aumento de esa cuota, pues creemos firmemente que el estado chileno debe asumir con protagonismo parte importante de la explotación del litio, y no debe relegar sus intereses por tantos años en manos del mundo privado. Es necesario que, en un mercado incipiente como el del litio, el estado abandone su rol subsidiario, y sus empresas mineras, ENAMI y CODELCO, jueguen un rol activo en lo que será el futuro de la minería en Chile”.
Finalmente Juan Rubén Santana agregó que “estas no son buenas noticias para el país, muy por el contrario, este acuerdo significa extender la operatividad de un empresa ética y legalmente cuestionada en sus prácticas. Esperamos que, en el futuro, las decisiones sobre estos asuntos, no se tomen con criterios puramente económicos. En esta línea, debemos legislar para prohibir al estado chileno y sus instituciones, contratar, extender o mantener vínculos con empresas de este tipo”.
