Tras
la firma del proyecto de ley, realizada por el Presidente Sebastián Piñera, que
busca terminar con los abusos en los contratos de arriendos de vivienda y
agilizar los procesos judiciales, así como simplificar los trámites asociados,
la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno, María Francisca Plaza afirmó
que “nuestro Jefe de Estado sigue demostrando que su principal objetivo es
solucionar las necesidades de los chilenos y chilenas”
Plaza
Velis explicó que “esta iniciativa va hacer justicia en el mercado de arriendos
y no sólo para los que están arrendando, sino también para aquellos que están
entregando sus casa y hogares en arriendo. Este proyecto de ley busca terminar
con los abusos y agilizar los procesos para que la Justicia pueda volver a reinar
en este mundo de los arriendos de viviendas”.
“Nuestro
Presidente Sebastián Piñera es un líder innato y desde las necesidades de las
personas genera políticas públicas para apoyar a los chilenos y chilenas. Esta
es una propuesta muy sentida por cientos de miles de familias chilenas y por
cierto, que va a permitir facilitar el acceso a la vivienda”, afirmó la vocera
regional del Gobierno.
Se
estima que cada año se registran 20 mil juicios entre arrendatarios y
arrendadores, procesos que demoran en promedio ocho meses y provocan un
desgaste importante, además de gastos económicos y tiempo en trámites y
traslados. El proyecto propone agilizar
los procesos de solución de controversias y restitución del inmueble en el caso
de arrendatario morosos. Además, busca acelerar la notificación de las demandas
de arrendamiento y permitir que un juez entregue en forma anticipada la
propiedad a su dueño.
Otro
avance muy relevante es que se fija un plazo de 10 días para dictar sentencia,
se acelera su cumplimiento y se facilita el procedimiento para que las deudas
por servicios básicos queden asociadas a los arrendatarios, de tal forma de
evitar que un propietario deba pagar deudas que no le pertenecen. La iniciativa
también busca simplificar los trámites asociados a estos juicios. La Ley
permite que se puedan efectuar demandas, sin abogado de por medio, si el valor
mensual del arriendo llega hasta las 8 UTM ($ 400 mil aprox.), lo que
representará un ahorro relevante para los afectados. También se establecerá una
protección para los arrendatarios, y las viviendas deberán cumplir con el
estándar que exige la ordenanza general de urbanismo y construcciones, con
multas de no cumplimiento entre cinco a 100 UTM ($250 mil aprox. a $5.000.000
aprox.)
La
Seremi de Gobierno aprovechó la instancia para declarar que “las garantías en
los contratos de arrendamiento no podrán ser superior a dos rentas mensuales y
deberán ser restituidas dentro de los 60 días a partir de la restitución del
inmueble y que, de realizarse descuentos en su devolución, deberán justificarse
y documentar los gastos que lo motivaron”.
