El parlamentario por Atacama, Rafael Prohens, agradeció al Ejecutivo por dar “urgencia” legislativa al proyecto de ley de su autoría que permitirá mayor transparencia respecto a los aportes realizados desde el extranjero para organizaciones sociales. “Se busca avanzar en el acceso a la información por parte de la ciudadanía entendiendo que el Estado debe estar al servicio de ellas y debe otorgarles información clara y transparente. Así, además contribuirá a mejorar los índices de aceptación y valoración positiva”, señaló Prohens.
Dentro de los argumentos que se precisan en el texto, está el creciente principio de probidad que demandan los ciudadanos y es por lo mismo que debe existir control por parte de la función pública para reducir posibles ámbitos de corrupción. “Chile, según la OCDE, posee nota roja respecto a estándares de transparencia y es por lo mismo que se deben exigir requisitos que colaboren con este objetivo”, agregó el parlamentario.
En Chile, el 45% de los fondos de organizaciones sociales está constituida por subvenciones y pagos del sector público, mientras que la otra mitad corresponde a aportes privados. Las transferencias de origen privado no tienen regulaciones específicas, por lo que su información y la posibilidad de fiscalización es baja.
El objetivo del proyecto de ley es corregir la grave falta de información y transparencia que existe en materia de composición y financiamiento de las fundaciones y corporaciones. Además, propone incluir a la existente obligatoriedad de inscripción en el registro público – que está a cargo del Registro Civil- más antecedentes respecto al nombre, objeto, origen y monto de los aportantes. “También queremos que sea obligación por parte del Ministerio de Justicia realizar una fiscalización a los antecedentes que se anunciaron anteriormente”, enfatizó Prohens.
Finalmente, el parlamentario por Atacama dijo que, según los antecedentes aportados por el Registro Civil- datos publicados tras la Operación Renta del 2018- las entidades sin fines de lucro hoy son más de 278 mil, de las cuales sólo 40.263 han realizado su inicio de actividades. “Esa falta de información debe ser remediada y es imperante que necesitamos a brevedad un registro de los aportantes y aportes a organizaciones sociales, para que, ante cualquier duda o acto ilegal, se pueda proceder con propiedad con antecedentes en mano”, puntualizó Prohens.
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