SOFÍA CID: “ES GRAVÍSIMO QUE ESTÉN OCUPANDO LAS INSTALACIONES DE LA SEREMI DE EDUCACIÓN DE ATACAMA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA CUT RELACIONADAS CON CAMPAÑA POLÍTICA POR EL PLEBISCITO

La diputada Cid ingresó un nuevo requerimiento a Contraloría de Atacama por que, el 12 de julio pasado, dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Atacama, fueron utilizadas para la realización de una asamblea organizada por la CUT con la presencia de una ex convencional por Atacama del Partido Comunista para promover abiertamente una de la opciones en el plebiscito de salida de este 4 de septiembre. “Esta situación es grave, en las redes sociales de la CUT suben fotos de la actividad llamando a organizar la “defensa” de una de las opciones. Evidentemente se trata de una actividad política, realizada en dependencias de un servicio público, y en horario laboral (09:30 horas). Se utilizaron bienes públicos durante la jornada de trabajo de los funcionarios para realizar proselitismo político, vulnerando así el principio de probidad y la normativa legal y administrativa vigente en esta materia”, señaló la diputada. Es importante recalcar que en mayo de este año la Contraloría emitió un dictamen donde indica que “las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas”. Ante este escenario la parlamentaria de Atacama se encuentra preocupada, ya que no es la única instancia en la región en donde autoridades han participado u organizado este tipo de reuniones, con recursos de todos los atacameños para hacer campaña política a favor de una de las opciones, vulnerando el principio de probidad administrativa.