Conclusiones posteriores a Cuenta Pública Presidencial

La Cuenta Pública debe considerarse como un acto permanente y propio de la Democracia, donde cada autoridad rinde cuenta y entrega un balance de su gestión. El pasado 1 de junio, el presidente Gabriel Boric Font dio cuenta a los más de 18 millones de chilenos y chilenas, del trabajo del gobierno en las diferentes dimensiones que implican la labor del Poder Ejecutivo, permitiendo reflejar las respuestas a demandas sentidas por la ciudadanía, tales como: Reforma de Pensiones, Ley TEA, Royalty minero, Copago cero y Ley de 40 horas, entre otras. Estas políticas públicas, fueron inicialmente demandas sociales que con la decisión de nuestro Gobierno se institucionalizaron. Lo anterior, realizado a través de mensajes presidenciales que fueron discutidos en el Congreso Nacional. Con perseverancia y ante lecturas catastróficas sobre nuestro país, las leyes planteadas fueron aprobadas buscando los consensos propios de sistemas políticos estables. Además del componente programático de la gestión del presidente Boric, la gobernabilidad debía materializarse en desafiantes contextos mundiales de tipo sanitarios con el progresivo control de la pandemia COVID 19; económicos con inflación de 12% siendo la más alta en 30 años;migratoria y de seguridad por nuevos tipos de criminalidad; y sociales a partir de la legitima tensión ciudadana sobre la constitución política vigente. En un sistema político, donde el ejecutivo no tiene la capacidad de mayoría parlamentaria, las reformas y los avances legislativos se han condicionado a la voluntad de la oposición conformada por partidos políticos de derecha, quienes han plasmado con decisión, una mirada antagónica a las voluntades de gobierno y a las demandas de la ciudadanía. Pese a ello, las medidas aprobadas tras intensos debates legislativos, trajeron respuesta a cuestiones determinantes para la calidad de vida de las personas, las que fueron detalladas por el presidente de la república. En Atacama, se han materializado diversos avances de la actual administración de gobierno. Los datos son ejemplificadores, donde iniciativas como la Reforma Previsional son palpables, al permitir el beneficio inicial de más de 28.000 personas mayores en la región. O las más de 44.000 atenciones por modalidad de Copago Cero, permitiendo la atención medica gratuita de la ciudadanía en los centros de salud. Por su parte, cuestiones claves como el Royalty minero, dan cuenta de la importancia de generar descentralización complementada de recursos económicos y con justa retribución territorial, por ello ningún sector político puede omitir que en Atacama se han transferido más de 19.000 millones de pesos para fines que determinen las propias regiones. El Plan de Emergencia Habitacional; la construcción del Centro Penitenciario El Arenal; la puesta en marcha del Museo Regional de Atacama; las inversiones en conectividad vial y en obras de seguridad para aluviones; la creación de hospitales en Huasco y Diego de Almagro; la creación del Instituto del Litio y otras diversas iniciativas, dan cuenta de una voluntad de gobierno por avanzar en intereses colectivos y sostenidos en el paso del tiempo para la nación, no con mirada de corto plazo ni para el beneficio de pocos. Todas estas iniciativas de nuestro gobierno, tienen el rostro de las propias personas de a pie, personas que día a día mueven a Chile a través de diversas dimensiones. Las reformas tienen una vocación por mejor calidad de vida para los grupos más desprotegidos (infancias, personas cuidadoras, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, estudiantes y otras). Lo anterior sin perder un foco importante en torno a la responsabilidad del gasto fiscal, buscando obras y políticas de Estado, que trasciendan gobiernos por el bienestar de las nuevas generaciones. Sebastián Fergadiotti López Seremi de Gobierno en Atacama